Lo que cuentan los medios

La creación de un mercado negro, la competencia desleal y el cierre de los pequeños negocios son los primeros efectos del gravamen.

El pasado 20 de junio entraba en vigor el polémico canon digital, una medida que ha provocado el cisma entre la sociedad, las empresas y las organizaciones y que grava los soportes y dispositivos digitales como compensación por el derecho a la copia privada, independientemente de que se ejerza o no.

La polémica está servida y más allá del debate sobre los derechos de autor de las obras, en los que todas las partes implicadas -Administración, empresas, usuarios y sociedades de gestión de derechos de autor- parecen estar de acuerdo, la divergencia de posturas en materia del llamado canon digital se traslada a la forma y cuantía con que se grava unos soportes o dispositivos que utiliza el 99% de la sociedad; por lo que parece desmesurado presumir que este porcentaje de usuarios utiliza estos dispositivos o soportes para realizar copias para uso privado, un derecho que además está recogido en la legislación española. Según el estudio sobre hábitos de uso de los consumidores españoles de dispositivos electrónicos realizado por Sigma Dos y presentado por la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec), en los hogares españoles sólo el 38,7% de los CD vírgenes se destina a copiar música y el 44,6% a otros usos, como almacenamiento de archivos y fotografías. Si esta cifra la extrapolamos al conjunto del mercado, resulta que sólo el 20,8% de los CD vendidos en España serían destinados a copiar música, por lo que el gravamen sanciona de manera previa al usuario, independientemente de que se ejercite el derecho que las entidades de gestión reclaman. Según estimaciones de la Asociación de Internautas (AI), la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) recaudará, gracias al canon, al menos 225,8 millones de euros a lo largo de este año, en compensación por el uso de tecnología, entre consumidores, empresas y administraciones públicas. De ellos, se estima que sólo el sector público podría llegar a pagar unos 80 millones de euros.

Noticia completa | Primeras consecuencias del canon digital (PC World Digital)